No marcar casillas del IRPF

Ante la nueva campaña de la Declaración de la Renta he de remarcar que, en un Estado presuntamente aconfesional, la pluralidad de creencias ha de ser financiada por las personas que creen en ellas y NO por el Estado. Ya que de lo contrario, dichas creencias particulares, las financiamos todos los ciudadanos, a través de una considerable merma de las finanzas públicas.

1. Si marcas la casilla de la Iglesia Católica estás contribuyendo a reducir tu aportación para financiar servicios públicos (ciencia, sanidad, educación, creación de empleo y gastos sociales…), pues se desvía el 0,7% de tu IRPF a financiar los sueldos y seguridad social de obispos y 20.000 sacerdotes católicos, a mantener funcionando sus parroquias, fundaciones y OGS de todo tipo, facultades eclesiásticas, la universidad Pontificia de Salamanca, Obra Pía, los seminarios, sus congresos y sus costosas campañas de propaganda intentando imponer su particular moral a toda la sociedad. Además, la iglesia se beneficiará de la crisis en la declaración del año que viene, pues la subida del IRPF, al incrementar el gravamen a cada tramo, aumentará la base imponible y, con ello, la cuota íntegra, a partir de la cual se calcula lo que se desvía hacia ella.
2. Las diócesis han pasado a tener un déficit, en relación con lo que ellas mismas aportan, del 800% en 2007 al ¡1.245%¡ en 2009. En un país en el que el déficit de las instituciones públicas se está limitando, que existan unas instituciones privadas, como las diócesis católicas, con este monstruoso déficit, soportado por todos los contribuyentes, resulta atentatorio contra la justicia, la igualdad y es inmoral.
3. Así no contribuyes en condiciones de igualdad a los gastos públicos art. 31 de la Constitución  y posibilitas que se discrimine aún más a las demás creencias y convicciones, sean o no religiosas art. 14 de la Constitución .
4. Además estás dando tu beneplácito a que la iglesia católica se apropie de ONCE MIL millones de euros de los Presupuestos del Estado, lo que supone más del 30% de los recursos adicionales que propone obtener el Gobierno para los Presupuestos de 2013. Y ello, para financiar el culto, el clero y la propaganda católica; a los funcionarios católicos en cuarteles, cárceles y hospitales; a los catequistas en centros públicos, la financiación de la enseñanza privada católica y a otros establecimientos católicos de diversa naturaleza; el mantenimiento del patrimonio de la iglesia, más el costo, en los ingresos, por las enormes exenciones de impuestos y bonificaciones fiscales de todo tipo, que supone para los ayuntamientos, CCAA y Estado Central.
5. Gozar de estos privilegios en 2013 es una grave injusticia, así como un atentado a la libertad de conciencia y a la igualdad de trato a todos los ciudadanos, en un país constitucionalmente aconfesional. Pero en estos momentos de grave crisis económica, con más de 5 millones de parados y frontales ataques a la sanidad y enseñanza públicas, así como a los derechos de las mujeres, personas dependientes y demás sectores sociales, resulta inmoral e insolidario que la institución católica «succione» una cantidad superior al 1% del PIB.

– Cuatro ejemplos de desigualdad de trato y discriminación:

1. Mientras el gobierno pretende ahorrarse 16 M€ dejando sin ayuda cada año a unos 75.000 jóvenes con ingresos inferiores a 22.000 € anuales, paga la Seguridad Social de sacerdotes y obispos por un importe superior a 18 millones de euros;
2. Mientras el «hachazo» a los servicios sociales de ayuda a los dependientes pretende ahorrar 100 M€, no se pone ningún impedimento para subvencionar los sueldos del clero con más de 155 M€;
3. Los 900 M€ que ha suprimido el Gobierno para Ayuda al Desarrollo (contra la pobreza) apenas alcanzan a los más de 1.000 M€ que se recaudarían si la iglesia católica pagara el IBI de sus inmuebles y propiedades;
4. Los 600 M€ que van a sufrir el recorte en los presupuestos de ciencia e investigación contrastan con los más de 600 M€ que se van a pagar a los catequistas católicos en los centros de enseñanza públicos y concertados.

Tampoco habría que marcar la casilla del IRPF destinada a otros fines sociales

Asignarlos a través de una casilla los somete a la discrecionalidad, resulta arbitrario y quedan al margen de los procedimientos que garantizan la objetividad y equidad en su concesión. Con estos privilegios hacia las creencias católicas, el Estado incumple el mandato constitucional de garantizar la libertad de conciencia.

Los poderes públicos deberían:

1. Elaborar una Memoria anual reflejando todas las subvenciones concedidas a la Iglesia Católica y a sus instituciones y organizaciones, así como de las cantidades que se ingresarían en el supuesto de que estuviera sujeta a todos los impuestos pertinentes (IBI-impuesto bienes inmuebles, ICIO- Impuesto de obras e instalaciones y otros), así como las correspondientes a las exenciones y bonificaciones fiscales.
2. Denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, como paso previo para su anulación.
3. Exigir a la iglesia católica que autofinancie todas sus actividades.
4. Se ha modificar los textos legales necesarios para eliminar los privilegios de inmatriculación de propiedades de que se beneficia la iglesia, con resultado de apropiación ilícita e injusta de bienes financiados colectivamente.
5. Realizar un censo de inmuebles rústicos y urbanos, así como del patrimonio muerto o mal conservado de la iglesia católica.