La Iglesia católica es la gran manipuladora. En el caso del IRPF, el Estado es su perfecto cómplice. Comienzo la entrada con un título reivindicativo.
Si buscamos en la Web de la Agencia Tributaria estadísticas oficiales sobre lo recibido por la Iglesia Católica de las «X» en el IRPF, así como del número de declaraciones marcadas, no encontraremos ni una sola mención. Así que el Estado no ofrece estadísticas que serían las únicas fiables. Sin embargo, todos los años la Conferencia Episcopal realiza una rueda de prensa aportando datos, que debemos presumir ciertos, debido a la ausencia de estadísticas oficiales. Obviamente, no hay garantía sobre la bondad, o no manipulación, de tales cifras, que debemos creernos a pies juntillas. Lo mismo ocurre con la casilla de «Interés social».
No concibo que un Estado democrático y presuntamente aconfesional omita estadísticas sobre aportaciones a entidades privadas por importe de más de 500 millones de euros y la poca información que suministra se la aporte a la Conferencia Episcopal, para que nos la transmita a todos.
Ésta ha publicitado que como consecuencia de las «X» marcadas en la declaración de la renta del ejercicio de 2011, la Iglesia católica ha obtenido de los Presupuestos del Estado 248,3 millones de euros, tan sólo para la manutención del clero y las parroquias, lo que supone un descenso de 1,1 millones respecto a la declaración del ejercicio pasado.
No obstante la jerarquía católica ha conseguido que se pusiera la «X» en 194 mil declaraciones más, aumento del que no ofrecen explicación alguna, pero que podría tener que ver con un mayor número de declaraciones de personas mayores de 35 años y un descenso acusado de declaraciones de contribuyentes jóvenes. Así pues, lo único cierto es que el 64,3 % de las declaraciones de la renta de 2011 no marcaron la casilla de la Iglesia católica, contrastando con la última encuesta del CIS que asegura que el 72 % de los españoles se declaran católicos.
A pesar de que la Constitución Española declare en su artículo 16.3 la no confesionalidad del Estado, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, fechado en 1979, pero negociado antes de entrar en vigor la Constitución blinda la colaboración con la Iglesia católica para conseguir «su adecuado sostenimiento económico«, los impuestos a los que no va a estar sujeta y las exenciones fiscales a las que tiene derecho. De esta manera continúa el trato de privilegio de que gozó durante el franquismo. Por ello, muchos juristas consideran que estos citados Acuerdos son preconstitucionales e inconstitucionales.
Debemos tener en cuenta que el Concordato de 1953, suscrito entre el Estado franquista y el Vaticano, aún no ha sido derogado, sino que la mayoría de sus artículos fueron sustituidos por otros en los Acuerdos sucesivos. En todo caso el sistema de financiación de la Iglesia católica sigue siendo el mismo que entonces: los Presupuestos Generales del Estado.
Existe un acuerdo con con la Santa Sede en el que se establece que siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, el Estado está obligado a aplicar a la Iglesia católica los beneficios fiscales que dichas leyes contemplen para cualesquier sujetos jurídicos. Esto ocurrió con las llamadas leyes de Fundaciones y de Mecenazgo. De ahí que la jerarquía católica pueda aplicarse los beneficios fiscales de ambas leyes.
Es evidente que las creencias son un asunto particular y, por tanto, deberían ser financiadas, exclusivamente, por las personas que las profesan, como cualesquiera otras entidades sin ánimo de lucro. Pero, en la actualidad, la financiación privilegiada que establecen los Acuerdos de 1979 discriminan a los ciudadanos en función de sus creencias. Sin embargo el único compromiso al que se obligaba a la Iglesia católica era el «propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades», 32 años después, ningún gobierno ha sido capaz de hacerlo cumplir. Así, los Acuerdos de 1979 no son bilaterales: sólo contienen beneficios para la Iglesia católica y obligaciones y costes para el Estado.
Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 no sólo tienen repercusión económica. Quizás la más grave es que pretende asimilar el servicio religioso a un servicio público, obviando el carácter particular de las creencias religiosas. Ya estableció el Tribunal Constitucional en 1993 que no hay que identificar las funciones religiosas con las estatales.
Hay otro Acuerdo sangrante y es el de un derecho eclesiástico que se superpone (e impone) al derecho civil. Así, cada ley elaborada por el Parlamento debe adecuarse a lo que establecen los Acuerdos, con la consiguiente subordinación de la soberanía popular a los privilegios de la Iglesia.
En cuanto a otras confesiones religiosas, algunas confesiones que están inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y que han firmado acuerdos con el Estado, además de las que recae la declaración de «notorio arraigo» reciben, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, ayudas sociales y culturales por valor de algo más de 4,5 millones de euros en los últimos Presupuestos. Asimismo, pueden aplicarse los beneficios fiscales establecidos por las leyes de Fundaciones, de Mecenazgo, de Haciendas Locales, etc.
El Sr. Rubalcaba jurando su cargo frente al crucifijo
No creo que utilizando el dinero público se favorezca el pluralismo para promover creencias religiosas. Con esta forma de «café para todos» no sólo se sigue ignorando y discriminando a las personas que tienen otras convicciones, o que simplemente son indiferentes ante las creencias religiosas, sino que la Iglesia católica ve legitimada su posición de trato de privilegio ante la financiación estatal. Un Estado que se tenga por aconfesional y que no discrimine por razón de las creencias, no debe financiar actividades en función de convicciones religiosas. De lo contrario, está atentando contra los principios de igualdad y de pluralidad. Y difícilmente puede hablarse de pluralidad si no se sitúan todas las creencias y convicciones en el mismo plano de derechos.
El Sr. Rajoy jurando su cargo frente al crucifijo
El camino recorrido en los últimos treinta y dos años, reconociendo privilegios económicos a otras religiones y aparentando aproximarse a los privilegios de la iglesia católica es un camino equivocado porque ignora el derecho humano básico a la libertad de conciencia, dado que la religiosidad no es un atributo universal del individuo, al contrario de lo que sucede con la libertad de conciencia individual. Así las instituciones religiosas no requieren un tratamiento económico, jurídico o político especial.
¿Cómo funciona la X del I.R.P.F.?
La liquidación del Impuesto señala la obligación de los ciudadanos en el sostenimiento de los gastos del Estado (escuelas, hospitales, carreteras…). Quienes marcan la X no sólo no aportan ninguna cantidad adicional a la Iglesia católica, sino que gozan del privilegio de decidir a qué dedicar el 0.7% de sus ingresos, privilegio del que no gozan los demás. De manera que «aportan», generosamente, con dinero que no es suyo, sino del Estado, y por tanto, de todos los españoles, sean sus creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza. El efecto final es que contribuyen a los gastos generales, de todos, sólo en un 99,3% (un 98,6% en caso de poner también la X en los fines de interés social, cuya mayor parte va destinada a instituciones católicas). En definitiva, las personas que ponen la X, están pagando menos impuestos y, sin embargo, los ritos y actividades de los católicos los estamos pagando todos los españoles, sean nuestras creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza.
Así, las personas que marcan la X, no contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, como establece el artículo 31 de la Constitución. La actitud de estas personas es insolidaria e injusta, pues se dedica a financiar actividades de interés particular (religiosas) en contra de las necesidades de interés general (sanidad, educación, dotaciones sociales…). Y el comportamiento del Gobierno que lo permite es una violación de la conciencia de los ciudadanos con otras creencias distintas a las católicas.
El IRPF correspondiente a la renta sometida a gravamen lo pagan los contribuyentes, vía deducciones en nómina, (también los católicos, claro). Así engrosan las arcas del Estado. Cuando se acaba la campaña de Renta, el Estado simplemente cuenta las declaraciones con el aspa correspondiente, multiplica las cuotas íntegras por 0.7 y saca su dinero del Presupuesto del Estado. Por tanto, aunque se pretenda encubrir, estamos ante cantidades detraídas de los Presupuestos del Estado ¿De dónde podría salir el dinero, si no?
Este montante se dedica exclusivamente al pago de salarios del clero y obispos, su seguridad social, pensiones de jubilación, seminarios mayores y menores, culto, universidades, congresos, asambleas, reuniones y manifestaciones y gastos de la Conferencia Episcopal. No obstante, esta cantidad representa una pequeñísima parte de lo que la Iglesia católica recibe por otros conceptos gracias a los acuerdos con la Santa Sede.
Si ningún contribuyente marcara la «X», la Iglesia no recibiría nada. Es la única institución que todos los años somete a la voluntad de los contribuyentes el dinero que recibe.
- Sr. Martínez Camino, Conferencia Episcopal
Como buen dirigente católico, el Sr. Martínez Camino miente intencionadamente pues sabe que el artículo II del Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979, compromete al Estado «a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico…». Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado está obligado a financiar a los obispos, sacerdotes, parroquias y demás gastos en que incurra la Iglesia católica, independientemente de las «X» que marquen los contribuyentes. El eslogan de campaña de la Iglesia católica debería ser: «No importa que no marques la casilla, porque el Estado, todos los contribuyentes, nos tiene que sostener obligatoriamente»
Más beneficios para la Iglesia católica
La Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas son exentos respecto de los impuestos de bienes inmuebles (la Iglesia católica es la segunda poseedora de bienes inmuebles tras el propio Estado), Impuesto de construcciones, Impuesto sobre la Actividad económica, IRPF, Patrimonio y demás figuras impositivas (2.500 M€). A ello debemos agregar el pago de los miles de adoctrinadores en la escuela pública y concertada (500 M€), la financiación de la enseñanza concertada religiosa (3.900 M€), el mantenimiento del patrimonio inmobiliario eclesiástico (700 M€), el gasto de los capellanes en el ejército, hospitales y prisiones, (25 M €), Ya que no encontraremos ninguna información sobre esta generosa financiación en la web de la Conferencia Episcopal, una estimación realista situaría este montante en más de 11.000 millones de euros.
Actualmente no sólo no se avanza en la autofinanciación de la Iglesia católica, sino que se consolida la falacia de que la Iglesia ya no se financia de los Presupuestos del Estado. Por otro lado, se releva a la jerarquía católica del compromiso de autofinanciación, que figuraba en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979, con la peregrina justificación de que sólo era «una obligación moral». Tremendo paso atrás.
Asimismo, por la Ley de Presupuestos para 1988, el Gobierno se comprometía a exigir a la Iglesia las diferencias entre las cantidades que le adelantaba mensualmente y las que le correspondiera ingresar por las X en la casilla del IRPF de cada ejercicio. Desde 1988 la deuda a favor del Estado fue en aumento, y el escándalo también. Así la Iglesia católica se ha embolsado, desde 1992, cerca de 430 millones de euros de todos los españoles, que no han sido reintegrados a la Hacienda Pública y que con el acuerdo de 2006, quedan «perdonados».
Aún es más sangrante el tema cuando actualmente sigue sin exigirse a la Iglesia católica algo parecido a cuenta de resultados de todas las actividades desarrolladas en España, tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal, incluyendo la valoración económica de las cuantiosas sumas de los impuestos a que no está sujeta y a las bonificaciones y exenciones fiscales. Si añadimos la financiación de todas las actividades, estaríamos hablando de no menos de 10.000 millones de euros, a una entidad cuyos fines son particulares, no públicos, y en un supuesto Estado aconfesional.
No marquéis la casilla de «Otros fines de interés social»: Es trampa
Es un error marcar esta casilla creyendo que se es más social y justo. En primer lugar, porque tiene los mismos defectos que la casilla de la Iglesia católica: quien marca esta casilla contribuye a los gastos del Estado en menor medida; además privatiza una elección que debe ser pública, haciendo uso del privilegio de decidir a qué quiere destinar una parte de sus impuestos, algo que tampoco pueden decidir las personas que no marcan la casilla, discriminando a los contribuyentes en función de sus creencias.
La política de financiación de estos fines debe ser definida por el Parlamento y debe formar parte de la política del Estado. Así pues, debe canalizarse a través de los correspondientes debates presupuestarios, en función del interés general.
No dudo que puedan existir ONGs de inspiración católica que realicen una excelente labor social sin realizar propaganda confesional. Debido a que estas cantidades quedan al margen de la discusión presupuestaria, quedan al margen también de los procedimientos de control que garantizan que se asignen con objetividad y equidad. El Estado puede distribuir las subvenciones con la discrecionalidad que le parezca y, por tanto, asignarlas con criterios sectarios y clientelistas. Así, todos los gobiernos, pueden utilizar a las diferentes ONGs con fines partidistas. Debe tenerse en cuenta que cerca del 80% de lo recaudado por este motivo corresponde, también, a organizaciones vinculadas a la Iglesia católica.
Un Estado democrático moderno no debe dejar los servicios sociales según las eventuales acciones caritativas, sino que deben ser contemplados como lo que son, derechos sociales básicos y, por tanto, deben ser implementados por el Estado.
La Iglesia católica presume de haber renunciado a la exención del IVA
Pero es falso. La exención del IVA, privilegio de que gozó la Iglesia católica, era ilegal desde la misma entrada de España en la Comunidad Europea. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización fiscal en esta materia obligó al Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas, a eliminar este privilegio eclesial y acomodarse a la normativa europea. Ha tenido que ser la Comunidad Europea la que nos ayudara a acabar con este privilegio eclesiástico. Sin embargo, la Iglesia católica se ha encargado de que tal circunstancia no supusiera un descenso de sus ingresos, consiguiendo un aumento del 34%, se cambió del 0,52% al 0,7% del porcentaje a recibir por las X de cada declaración de IRPF. Y este aspecto no ha permanecido oculto. El propio acuerdo de 2006 reconoce que la subida hasta el 0,7 se ha propuesto como «compensación por la pérdida de la exención del IVA a favor de la Iglesia católica, que es exigida por el Derecho comunitario». El negocio ha sido redondo para la Iglesia católica y ruinoso para el erario público, dado que la exención del IVA le suponía a la Iglesia unos ingresos adicionales de 30 millones de euros y con el incremento del porcentaje ha ingresado 68 millones más, lo que significa que compensa lo que pierde con el IVA y aumenta en 38 millones adicionales.
Estado y respeto a los ciudadanos
El alcalde y posterior embajador ante la Santa Sede Francisco Vázquez, durante el pregón del Día de la Caridad, en un pregón que pronunció a invitación de Cáritas Diocesanas, dijo que «Es muy importante que los ciudadanos tengan conciencia de la gran importancia que tiene, para católicos y no católicos, poner la X en la casilla de la aportación social a favor de la Iglesia». Y lo arregló, afirmando que hablaba como «político católico». Y nadie en el Gobierno del PSOE lo desautorizó.
Si alguien creía en la supuesta aconfesionalidad del Estado o en el principio de igualdad y no discriminación en función de las creencias, tiene una medida exacta de en qué punto estamos, 30 años después de promulgarse nuestra Constitución. Después de estas soflamas ¿dónde queda la separación Iglesia-Estado?
En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles, en esta grave crisis, la Iglesia católica se beneficia de un trato fiscal privilegiado siendo así una grave injusticia, así como un atentado contra la libertad de conciencia y la igualdad de trato, gozar de estos privilegios en 2012, con una grave crisis económica y con cerca de 5 millones de personas sin trabajo es inmoral e insolidario.
Es injusto que, salvo los inmuebles propiedad del Estado, existan otros que son utilizados por instituciones de todo tipo que no pagan este impuesto, sea cual sea esa institución. Pero aquí hablamos del trato privilegiado que tiene la Iglesia católica ya que se beneficia de una exención total en cuanto a este impuesto y es necesario marcar el grave quebranto económico que provoca a los ayuntamientos las numerosas exenciones y bonificaciones fiscales de que se beneficia la Iglesia católica. Y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es de la mayor importancia en los presupuestos municipales. Todo ello sin olvidar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el de Actividades Económicas y el llamado de Plusvalía, entre otros.
Según el anterior alcalde de Madrid, la ciudad ingresaría cerca de 100 millones de euros más si la Iglesia católica no tuviera los privilegios derivados del Acuerdo de 1979. Se estima que la cantidad resultante en toda España alcanzaría entre 2.000 y 2.500 millones de euros.
Un historiador nada sospechoso de ideas anti católicas, S. G. Paine, ha hecho el recuento de las propiedades de la Iglesia católica en España, y estima que es propietaria de, al menos, 100.000 unidades rústicas y urbanas, de las cuales 5.000 son edificios religiosos. En todo caso, teniendo en cuenta todos los tributos locales que no tiene que soportar la Iglesia católica, la cantidad señalada en el párrafo anterior podría quedarse corta. De ahí que la valoración de que todos sus beneficios fiscales alcancen los 11.000 millones es bastante prudente por lo que puedo asegurar que la institución católica «succiona» o deja de ingresar una cantidad superior al 1% de todo lo que produce el país en un año.
Concluyo
Es necesaria la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y la supresión de la exención del IBI a la Iglesia católica, así como a todas sus organizaciones y centros de enseñanza. Al tiempo, deberá hacerse un censo de propiedades de todo el conglomerado católico en España y las modificaciones legislativas pertinentes en las leyes estatales y autonómicas para eliminar las exenciones y no sujeciones fiscales de que se beneficia la institución católica.
¿Ejemplos que muestren que esto ha de cambiar?
- Mientras el gobierno pretende ahorrarse 16 millones de euros dejando sin ayuda cada año a unos 75.000 jóvenes con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales, paga la Seguridad Social de sacerdotes y obispos por un importe superior de más de 18 millones de euros.
- Mientras el «hachazo» a los servicios sociales de ayuda a los dependientes pretende ahorrar 100 millones de euros, no se pone ningún impedimento para subvencionar los sueldos del clero con más de 155 millones de euros.
- Los 900 millones de euros que ha suprimido el Gobierno para Ayuda al Desarrollo (contra la pobreza) apenas alcanzan a los más de 1.000 millones de euros que se recaudarían si la iglesia católica pagara el IBI de sus inmuebles y propiedades.
- Los 600 millones de euros que van a sufrir el recorte en los presupuestos de ciencia e investigación contrastan con los más de 600 millones de euros que se van a pagar a los catequistas católicos en los centros de enseñanza públicos y concertados.
¿Aún tienes intención de marcar la X en el IRPF?
